Juicios políticos en la Ucrania post-Maidan

La prensa ha seguido al detalle el juicio de Nadia Savchenko. Sin embargo, en el terreno de la comunicación es prácticamente invisible la información sobre los procesos judiciales en curso en Ucrania contra ciudadanos ucranianos según “artículos políticos”, a pesar las numerosas críticas de abogados y defensores de los derechos humanos.

En Ucrania, la ley de “descomunización” ha acabado con una serie de derechos fundamentales y libertadas garantizadas bajo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluyendo la libertad de expresión (artículo 10)”, afirma el veterano activista de derechos humanos ucraniano y antiguo disidente soviético Vladimir Chemenis. A consecuencia de ello, hay un gran número de presos políticos en Ucrania.

En este sentido, hay que insistir en que los “presos políticos” a los que se refiere nuestra prensa son representantes de organizaciones de extrema derecha detenidos por el asesinato de otros ciudadanos o por la explosión de una granada en los alrededores del parlamento. Esos detenidos están acusados de delitos graves. Los verdaderos presos políticos son el periodista Ruslan Kotsaba, que simplemente expresó su punto de vista en internet, o el comunista Alexander Bondarchuk. Y hay muchos más ejemplos como ellos.

“El primer preso de conciencia”

En 2014, ni amigos ni enemigos habrían sospechado que el periodista de Ivano-Frankivsk Ruslan Kotsaba sería acusado de separatismo. Kotsaba participó en la “revolución de granito”, durante la “revolución naranja” dirigió el partido “Pora” como comandante del campamento, apoyó Euromaidan y después acudió a la zona ATO y publicó artículos sobre los soldados y voluntarios ucranianos. En el cuartel general del batallón Aidar, el periodista grabó vídeos con Nadia Savchenko que ahora se ven habitualmente en los canales de televisión.

Sin embargo, el 7 de febrero de 2015, Kotsaba fue detenido por publicar un vídeo en el que criticaba la movilización y que había publicado en su perfil de Facebook. El periodista fue acusado de una violación según la parte primera del artículo 111 (alta traición) y la primera parte del artículo 114.1 (obstrucción a las actividades legítimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares) del Código Penal de Ucrania, por lo que se enfrenta a una posible pena de entre cinco y quince años de cárcel. El bloguero de Ivano-Frankivsk [en el oeste de Ucrania] lleva más de un año en prisión preventiva y durante este tiempo se ha convertido en el preso político más conocido del país, lo que ha hecho aumentar el interés de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El proceso contra Kotsaba ha tenido una gran relevancia pública. El tribunal de Ivano-Frankivsk ha escuchado a testigos de la comisaría militar y las fuerzas armadas que, según la defensa, han sido incapaces de dar un solo ejemplo en el que el vídeo de Kotsaba haya sido motivo de deserción de ningún soldado. La mayor parte de los testigos de la acusación ni siquiera conocían a Kotsaba, lo que no impidió que el periodista tuviera que aguantar sus amenazas en la sala.

En cada ocasión, el periodista se ha centrado en la naturaleza política del caso, al que ha calificado de una “parodia de los juicios de los tiempos de Stalin”. Quien defiende su caso, la conocida abogada de Kiev Tetiana Montian, afirmó que, en cuanto se dicte sentencia, la defensa pretende recurrir ante los tribunales europeos, cuya decisión muy probablemente dé la razón a Kotsaba.

El 9 de febrero [de 2015], Amnistía Internacional exigió a las autoridades ucranianas la inmediata liberación del periodista, al que definían como preso de conciencia. “Se puede tratar la postura de Ruslan Kotsaba de diferentes maneras. Pero al detenerle por expresar sus derechos como ciudadano, el Gobierno ucraniano viola el derecho fundamental de libertad de expresión por el que los ucranianos se manifestaron en Maidan”, afirmó Mazur, directora de Amnistía Internacional en Ucrania.

“El 9 de marzo comenzamos a estudiar los documentos del caso, que ascienden a siete volúmenes de “paja”. La próxima sesión se celebra el 17 de marzo. Veremos los vídeos y escucharemos el audio. La fiscalía retrasa deliberadamente el proceso leyendo los documentos lenta y tediosamente. Así que serán necesarias otras entre tres y cinco sesiones más para “familiarizarse con los documentos” y entonces los interrogatorios y la última palabra. No se sabe cuánto tardarán los jueces en redactar la sentencia, pero está claro que no van a poner en libertad a Kotsaba hasta que se dicte sentencia y no se sabe qué sentencia ha pedido la administración presidencial al tribunal”, afirmó Tetiana Montian en declaraciones a Strana.

Montian habló recientemente en el Parlamento Europeo para que los europarlamentarios conocieran los detalles de este escandaloso caso que ya ha desacreditado a nivel internacional a las autoridades ucranianas.

“El kit estándar del separatista”

Los comunistas de Dneprodzerzhinsk Sergey Tkachenko y Denis Timofeev llevan encarcelados desde el 1 de septiembre de 2014. Su detención fue una sorpresa para los camaradas de la organización del partido.

Sergey y Denis no estuvieron involucrados en acciones de apoyo al “mundo ruso”, sino que participaron activamente en la protección de los derechos de los trabajadores de la planta metalúrgica Dzerzhinsky y otras empresas de la ciudad, con lo que se ganaron un gran número de enemigos. Además, la detención de los comunistas coincidió con la campaña política contra el Partido Comunista, al que se acusaba de “colaborar con los terroristas”. Según el Partido Comunista, todo ocurrió para evitar que el partido de Simonenko pudiera participar en las elecciones y para buscar una razón para prohibir el partido.

“En 2014, el Partido Comunista era el único partido con representación parlamentaria opuesto a la guerra en Donbass. Primero Turchinov [entonces presidente de Ucrania en funciones] y después Poroshenko dieron órdenes de recoger “evidencias para la prohibición” del partido, afirmó Andrey Bondarenko, secretario del Comité Regional del Partido Comunista en Dniepropetrovsk, a Strana.

“A causa de ello muchos de nuestros camaradas han sufrido presiones. Entre ellos están Sergey Tkachenko y Denis Timofeev, a los que durante un registro el 1 de septiembre de 2014 se plantó el kit estándar del separatista: una docena de ejemplares del periódico Novorossiya, una granada y explosivos. Fueron acusados de incitar a violar la integridad territorial del país y posesión de explosivos”, explicó Bondarenko.

El Partido Comunista apunta que en el verano de 2014 representantes locales de organizaciones de extrema derecha se mostraban abiertamente armados en Dneprodzerzhinsk, lugar de nacimiento del antiguo líder del Praviy Sektor Dmitro Yarosh, que considera la localidad su feudo personal. Pero nada de eso levantó las sospechas de las fuerzas del orden. Además, los camaradas Tkachenko y Timofeev sospechan de la parcialidad del juez y su enfoque político del caso.

“Es suficiente presenciar una sola sesión del juicio para comprender que la juez del tribunal de Dneprodzerzhisnk Tatiana Ivchenko actúa, efectivamente, como parte de la acusación”, afirma el Secretario del Comité Regional del KPU. “Todos los testigos de la acusación son o partidarios de la extrema derecha (Praviy Sektor, Automaidan, etc) o personas al azar que declaran esperando que la fiscalía retire cargos contra ellos. Comprobar dónde se encontraban en esos días sería muy sencillo: por ejemplo, revisando sus facturas telefónicas. Pero la juez rechaza continuamente las mociones de la defensa. Parece que si se les confronta, los testimonios podrían derrumbarse”.

Los abogados de los comunistas lograron descifrar de qué unidad militar provenía la granada descubierta a los acusados y resultó que no se había denunciado ningún robo de armas en esa unidad. Ni en las granadas ni en los explosivos se encontraron huellas dactilares de los acusados o de sus familiares. También están acusados de posesión de ejemplares del diario Novorossiya, aunque Tkachenko y Timofeev declararon que también había sido colocado allí [por la policía] y que su contenido es contrario a sus ideas y a la postura del Partido Comunista.

El estudio de los ejemplares no reveló ninguna llamada ilegal y los expertos confirmaron esa conclusión ante el tribunal. Sin embargo, la acusación afirmó que las pruebas debían ser revisadas de nuevo. La moción fue aceptada, lo que supone que los comunistas, que llevan 18 meses en prisión, seguirán encerrados.

“Sin ninguna evidencia real, la acusación, con ayuda de la juez, ha retrasado deliberadamente el proceso. Temen excarcelarles porque entonces se verá perfectamente claro que el caso contra Tkachenko y Timofeev está fabricado y es político”, afirma Bondarenko.

Un caso “patriótico”

Desde los trágicos hechos del 2 de mayo de 2014 en la Casa de los Sindicatos, Odessa cuenta con un número de récord de casos de motivación política. Pero incluso en ese contexto, llama la atención el caso de una periodista embarazada que, pese a su delicado estado de salud, continúa en prisión.

La directora de la televisión local de Odessa “Novaya Volna” Elena Glischinskaya fue detenida el 25 de abril de 2015 y encarcelada bajo cargos de separatismo y sedición. Su caso forma parte del proceso contra la Rada Popular de Bessarabia, en el que se acusa a los detenidos de intentar la secesión de la región al sur de Odessa.

Concretamente, según los cargos presentados en la vista ante la corte de Primorsky en Odessa y publicada en la edición online de Timer, Novaya Volna se centraba en mostrar “la identidad nacional-cultural de la zona, cubría acciones espontáneas de la población local contra la movilización y abogaba por reforzar el papel del autogobierno local”.

Esas vagas alegaciones fueron la base para la detención de esta madre de dos niños pequeños. Y unos meses después, ya embarazada, sufrió serias complicaciones. El 21 de octubre [de 2015], cuando Elena Glischinskaya sufrió una hemorragia, los médicos recomendaron la hospitalización para evitar un aborto espontáneo, pero se mantuvo a la periodista en la cárcel. Unas semanas más tarde, tras otra hemorragia, Glischinskaya, el médico recomendó reposo total. Pero eso tampoco cambio la postura de la acusación y del tribunal.

“Elena está en la cárcel. Recientemente han vuelto a llevarla al hospital, pero después de día y medio, volvió a la celda. En cuanto a las posibilidades de que sea puesta en libertad, nadie sabe cuándo puede ocurrir. En teoría, según el Código del Proceso Criminal, como madre  y tras más de un año en prisión preventiva, debería ser puesta en libertad de cualquier manera. Así que la actitud del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que la ha mantenido encerrada durante casi un año para conseguir una confesión contra uno de los actuales diputados, es especialmente cínica, afirmó aStrana el periodista de Timer Yuri Tkachev.

Lo absurdo de la dureza con la que se está tratando a esta periodista embarazada queda más claro aun cuando se tiene en cuenta que los activistas políticos de Odessa recuerdan perfectamente su papel en las movilizaciones de principios de los años 90, cuando defendía fervientemente al independencia de Ucrania. Es irónico que su país haya agradecido a Glischinskaya por su lucha con la cárcel.

“Un llamamiento indirecto”

Alexander Bondarchuk, diputado por el Partido Comunista en la tercera y cuarta legislatura del parlamento ucraniano y editor-jefe del periódico “Clase Obrera”, fue detenido el 18 de marzo de 2015 por decisión de la corte del distrito de Pechersk [Kiev].

El antiguo ingeniero jefe del Complejo Científico-Técnico Aeronáutico Antonov era conocido en sus días como diputado por su viejo coche “Moskvich” verde, que destacaba aparcado entre los coches de otros diputados. Durante muchos años, como presidente de la Unión de Trabajadores de Ucrania, Bondarchuk participó activamente en la organización de huelgas y movilizaciones mineras.

La base para iniciar una causa criminal y posterior detención del exdiputado fue la publicación de dos artículos previamente publicado en la web “Novorossiya”.

Bondarchuk fue acusado de actividades anti-estatales y separatistas según la primera parte del artículo 110 del Código Penal, que conlleva una pena de entre tres y cinco años de cárcel. Según los camaradas de Bondarchuk, el caso contra el periodista y opositor político se había iniciado a iniciativa del diputado Andriy Pavlovsky miembro del partido de Yulia Timoshenko.

“El artículo estaba acompañado de la referencia a la fuente original. Es decir, según el Artículo 43 del Código Penal de Ucrania, el editor de Clase Obrera no tiene que responder de él. Además, en aquel momento no había sido prohibida la publicación de materiales de la web “Novorossiya”. Uno de los expertos apuntó que la reimpresión del material supone una llamada indirecta a la modificación de las fronteras, pero el Artículo 110 no contiene el concepto de llamada indirecta”, explicó la subeditora Vitalina Butkalyuk en declaraciones a Strana.

No se permitió a los abogados del comunista examinar los materiales por los que se le acusaba hasta agosto de 2015, cinco meses después de que se iniciara la defensa del acusado, y solo ocurrió después de que el tribunal ordenara a la Fiscalía comenzar un procedimiento criminal contra los empleados del SBU por vulnerar el derecho a la defensa de Alexander Bondarchuk.

El abogado de Bondarchuk inmediatamente apuntó a los hechos que, en su opinión, mostraban la mala praxis de la acusación. El abogado insistió en que el examen de los artículos publicados, que debía haberse realizado por una institución independiente, fue realizada por el equipo especial y de examen forense del Instituto de Ciencia e Investigación de Ucrania controlado por el SBU, lo que supone una violación del Código de Procedimiento Criminal.

Además, el experto, al que se solicitó que aclarara la definición de “llamada indirecta”, no se presentó en la vista en cuatro ocasiones. Y resultó que el procedimiento no había sido incluido en el Registro Unificado de la investigación previa al juicio. Es decir, según la opinión de la defensa, en términos de la legislación ucraniana, el caso simplemente no existía y el exdiputado había sido privado de su libertad durante casi nueve meses ilegalmente.

El caso de Bondarchuk causó un escándalo y el 28 de diciembre de 2015, el juez se vio obligado a ponerlo en libertad y a nombrar a un nuevo experto independiente para examinar los cargos. El abogado del periodista sigue insistiendo en que los cargos contra Bondarchuk contradicen los artículos 5, 6 y 13 de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; los artículos 15 y 34 dela Constitución de Ucrania; el artículo 18 del Código Penal “sobre la prensa en Ucrania” y el caso contra el editor-jefe de Clase Obrera es un ejemplo más de persecución política y de vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Los tribunales europeos podrían invalidar las condenas

Al describir los juicios políticos que se han celebrado en los dos últimos años en la Ucrania post-maidan, los abogados insisten en los puntos en común en los diferentes casos. Entre ellos, además de la evidente debilidad de las pruebas presentadas, se encuentran las innumerables irregularidades de la acusación, habitualmente ignoradas por el tribunal, así como la tendencia a retrasar deliberadamente la consideración de los casos, puede que incluso siguiendo instrucciones de las autoridades.

Los activistas de los derechos humanos insisten en que, en caso de condena, es probable que esas condenas sean anuladas por los tribunales europeos, lo que minaría seriamente la credibilidad, no solo del sistema judicial ucraniano, sino del sistema político en el que esos casos son posibles.

“Una decisión de los tribunales europeos en la que se entiende que se ha producido una violación de los derechos humanos por parte de un Estado suele conllevar una compensación económica del Estado a la víctima. Además, ese tipo de decisiones puede acarrear recomendaciones de cambios en la legislación nacional si la violación de los derechos civiles está basada en las leyes del país. Al recibir la decisión del tribunal, el condenado puede recurrir a los tribunales nacionales y exigir que el caso por el que fue condenado sea revisado.

Esas son las consecuencias legales. Pero también hay consecuencias morales: según esas decisiones, los activistas de los derechos humanos y la oposición pueden tener una razón más para iniciar campañas contra las acciones ilegales de las autoridades. Sin embargo, esto solo es posible cuando hay una prensa, políticos y defensores de los derechos humanos en un Estado en el que no teman ser acusados de “trabajar para el enemigo” o en el que se afirme que “los tribunales europeos siguen órdenes de Putin”, afirmó Vladimir Chemenis a Strana.

Andriy Manchuk